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 Aplaudido
por todos los sectores políticos en Chile, el denominado
“Plan de Estímulo Fiscal” por más de 4 mil millones de
dólares, anunciado el pasado lunes 5 de enero por la
Presidenta Michelle Bachelet, tiene en una de sus 11
medidas una peligrosa continuidad para la ya dramática
situación del pueblo mapuche. Se trata del “incremento
transitorio de los beneficios del Decreto Ley 701 de
incentivo a la forestación”, que -según el gobierno-
“contribuirá a mitigar los efectos sobre el empleo en
regiones forestales por el menor dinamismo de la
economía mundial”.
Esta medida es fruto del inmenso poder de presión y de
lobby que tiene en Chile el sector empresarial forestal,
evidenciada en la reunión sostenida por representantes
de CELCO (grupo Angelini) y CMPC (grupo Matte) con la
Presidenta Bachelet y su equipo, pocos días antes del
publicitado anuncio presidencial. En este punto,
alarmante resulta constatar que el mismo Decreto Ley
701, mediante el cual la dictadura de Pinochet “instaló”
la industria forestal en Wallmapu, propiciando un
escenario de usurpación y despojo territorial que aun
persiste, sea potenciado hoy por el gobierno como
respuesta a la crisis económica.
La base de la propuesta presentada por el Ejecutivo
apunta a aumentar las plantaciones de especies exóticas
en Chile (pino y eucaliptos), ello con el objeto de
sumar un 50 por ciento más de masa forestal, lo que -a
juicio del gobierno- redundaría en inversiones y empleo.
Sin embargo, no cabe duda que esta nueva arremetida del
sector forestal, cuya producción se haya concentrada en
Wallmapu, solo contribuirá, como se evidencia desde hace
al menos una década, a empeorar la situación de los
mapuches, especialmente en los siguientes tres ámbitos.
En primer lugar, el económico. Es sabido que este tipo
de rubro y actividad productiva se caracteriza más por
“reemplazar” que generar fuentes de empleo. En efecto,
comparado con la actividad agrícola (cultivos), genera
menos de la mitad de mano de obra por hectárea, con el
agravante que de cuando los genera, se trata más bien de
empleos transitorios, de baja remuneración y en ningún
caso garantizados a los mapuches, privilegiándose la
subcontratación. Un reciente informe de la Agrupación de
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo consigna que
en Chile hay 133 mil trabajadores forestales. De ellos,
sólo entre el 25 y 30% tiene contrato permanente,
mientras que el 82% se encuentra bajo la línea de
pobreza.
En segundo lugar, el ámbito de la paz social. El sector
forestal, desde la década del 80' en adelante, ha sido
uno de los actores responsables de la agudización del
mal llamado “conflicto mapuche”. Para nadie es un
misterio que gran parte de las tierras reivindicadas por
comunidades están hoy en manos de madereras. Y que
éstas, al ser interpeladas por las comunidades vecinas a
sus plantaciones, no han trepidado en recurrir a
guardias armadas y a la persecución penal de dirigentes
y comuneros, ello en complicidad con el Ministerio
Público y los aparatos represivos del estado. Esto ha
desembocado en causas judiciales que han llevado a la
cárcel cientos de mapuches. Y en un escenario de
represión constante sobre comunidades y familias.
En tercer lugar, los efectos ambientales. Los
monocultivos de pinos y eucaliptus conllevan un grave
daño a los ecosistemas locales, afectando la calidad de
los suelos, la biodiversidad, la medicina natural, la
producción de alimentos y materiales de vivienda. En
definitiva, la vida misma de nuestra gente.
Particularmente grave es el impacto sobre el agua,
elemento fundamental en nuestra vida, cultura y
espiritualidad como sociedad. Las plantaciones
forestales agudizan además cada año en Wallmapu los
problemas generados por el Cambio Climático, donde
eventos de sequía cada vez más prolongados y recurrentes
tienen a su vez efectos sobre la salud y la economía de
miles de familias campesinas mapuches y chilenas.
Con responsabilidad podemos señalar que estamos en
presencia de una actividad económica cuyo modelo
productivo es tremendamente negativo para Wallmapu y su
población en general, aunque no así para los empresarios
de la madera y la celulosa. Como sostiene la Agrupación
de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, “el
esquema silvicultural utilizado por estas empresas
consiste en establecer monocultivos de alta densidad
que, cosechados a tala rasa, genera enormes ganancias
(para unos pocos), pero también grandes impactos en el
paisaje, suelos y aguas. El modelo forestal genera
conflictos con las comunidades rurales y las grandes
empresas no absorben los impactos sociales y
ambientales”.
¿Qué nos queda entonces? Es vital organizarse y
presionar a las instancias del gobierno y del Estado
para un redireccionamiento de estas medidas económicas
anunciadas desde La Moneda. Se debe exigir que parte de
este millonario financiamiento del Estado se canalice
hacia los sectores campesinos mapuches y no mapuches,
bajo la fórmula del Fomento a la Plantación de Especies
Nativas y el Manejo de las Cuencas de Agua; Dada la
gravedad de la sequía que ya se está presentando en
muchos sectores de Wallmapu, se debe exigir además a los
gobiernos locales incorporar un Plan de Inversión
Urgente en Infraestructura que asegure el consumo humano
y animal de agua en sectores rurales, ello con parte de
los 41 millones de dólares asignados por el plan
gubernamental a los Municipios.
Considerando además la ratificación del Convenio 169 de
la OIT, se hace urgente generar instancias donde sea
posible abordar la problemática de los derechos sobre
los recursos naturales, especialmente con relación al
tema del agua. Ello implica la modificación del actual
Código de Aguas y una legislación que asegure el derecho
y uso de los recursos hídricos que nacen y pasan por las
comunidades mapuches. Finalmente y en un proceso de
avance político, es tremendamente necesario propiciar
formulas de organización y representación política
mapuche que puedan no solo denunciar legislaciones y
medidas que nos afecten como pueblo, sino además generar
propuestas y disputar poder en todas aquellas instancias
de toma de decisiones.
Cerrado el año 2008, donde el gobierno de Bachelet
legitimó la represión como vía de solución al conflicto
histórico entre nuestro pueblo y el Estado, sumando
nuevas víctimas fatales del lado mapuche, el
financiamiento estatal anunciado para la nueva
arremetida forestal en Wallmapu constituye una nueva y
grave afrenta. ¿Seguiremos observando como otros hacen
sentir su peso e influencia frente al gobierno,
afectando nuestros intereses nacionales? ¿Tomaremos
conciencia de la necesidad de transformarnos como
mapuches en actores políticos de primer orden? En un año
de vorágine política electoral y próximos a ser meros
espectadores de la conmemoración del Bicentenario,
responder estas interrogantes resultará clave en nuestro
futuro como nación.
* Presidente de
Wallmapuwen. Magister en Desarrollo Rural.
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