PAÍS MAPUCHE - A través de una conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Temuko, dirigentes y voceros de la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), dieron por finalizado el diálogo con la Presidenta Michelle Bachelet, iniciado a mediados del año 2006 y del cual derivaron los anuncios en materia indígena de la primer mandataria chilena el pasado 30 de abril.

"La COM ha forjado un proceso de participación política que fue validado por las organizaciones y territorios del Wallmapu en el Futa Trawün de Kepe. Fruto de este proceso surgió un documento que fue entregado a principios de este año al gobierno y que tenía por objeto sentar las bases para establecer una nueva relación entre nuestro pueblo y el Estado chileno", recordaron las organizaciones.

Pese a este esfuerzo, agregaron en su declaración, "el gobierno ha persistido en negar y desconocer las legítimas aspiraciones de la Nación Mapuche planteadas por la COM, centrándose una vez más en su concepción de participación burocrática institucional y su legislación represiva y antidemocrática, que no hacen más que reproducir el esquema asistencial y colonialista, aplicado a lo largo de la historia para desmovilizar o reprimir a las comunidades".

A juicio de la COM, el discurso que la presidenta Michelle Bachelet hiciera el pasado 30 de abril, anunciando en el Palacio de La Moneda los cinco Ejes de su Política Indígena, no consideró "en absoluto" los elementos centrales contenidos en la Propuesta Mapuche de Kepe y entregada en Santiago el 4 de enero a la propia primer mandataria, situación que los ha llevado a decidir no participar de la denominada "Comisión de Seguimiento" propuesta por el Ejecutivo chileno para monitorear los avances del gobierno en materia de política indígena.

Según señalaron los dirigentes mapuche en Temuko, esta nueva instancia constituiría "un instrumento de validación de las políticas hoy existentes, las que tienden a fortalecer la burocracia indígena en vez de nuestra participación autónoma, incrementando a su vez el asistencialismo estatal a través de MIDEPLAN, ministerio que no aborda el carácter político de nuestras demandas". En su Propuesta de Kepe, los dirigentes propusieron al gobierno el establecimiento de una mesa política entre el estado y la COM, "encabezada por un interlocutor válido al más alto nivel, que constituya el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM".

Cabe destacar que la COM fue formalmente invitada a ser parte de esta Comisión de Seguimiento por parte de la Ministra de Planificación, Clarisa Hardy, integrada además por los siguientes actores del proceso de consulta: la propia Ministra de Planificación, el Subsecretario General de la Presidencia, el Subsecretario General de Gobierno y dos representantes de las otras tres organizaciones participantes del debate Nacional, a saber: Consejeros Nacionales Indígenas de CONADI, Organizaciones Indígenas Urbanas y Agrupaciones de Mujeres Indígenas. Sin embargo, las principales organizaciones territoriales y políticas mapuche han decidido no ser parte de esta nueva instancia gubernamental.

Texto de la Declaración

"Ante los últimos anuncios y el nuevo escenario planteado en materia indígena por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), entidad de representación autonomista de la Nación Mapuche, declara a la opinión pública, nacional e internacional lo siguiente:

- Desde mediados del año 2006, la COM ha forjado un proceso de participación política que fue validado por las organizaciones y territorios del Wallmapu en el Futa Trawün de Kepe. Fruto de este proceso surgió un documento que fue entregado a principios de este año al gobierno chileno y que tenía por objeto sentar las bases para establecer una nueva relación entre nuestro pueblo y el Estado chileno. Desde el Trawün de Kepe, a partir de los planteamientos contenidos en el documento mencionado, la COM ha mantenido disposición al diálogo serio y responsable, basado en un piso elemental de confianzas que permitan establecer un proceso de negociación a largo plazo entre las organizaciones mapuche y el Estado. Para ello ha planteado desde el principio algunas condiciones mínimas que permitan avanzar en este proceso.

Estas dicen relación, en primer lugar, con la definición de un Interlocutor Válido al más alto nivel, que constituya el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM; la constitución de una mesa político-técnica que involucre a los 3 poderes del Estado; el reconocimiento de una institucionalidad mapuche autónoma como contraparte del Estado; la implementación de medidas a corto plazo en torno a las leyes sectoriales, la libertad de los presos políticos mapuche y el reconocimiento formal de nuestros derechos colectivos.

Se planteó además que habría una respuesta oficial del gobierno en torno a estos planteamientos y esta respuesta debía ser entregada en territorio mapuche. El objetivo central de la COM es avanzar hacia la conquista de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, que nos corresponden como Pueblo; los cuales se traducen en nuestro derecho a la Libredeterminación, el control sobre nuestro Territorio y la Participación Política basada en la autonomía de nuestros sistemas de representación. Bajo estos principios se enmarcan nuestras demandas en torno al desarrollo material, la salud, la educación y la justicia social como derechos colectivos.

El gobierno ha persistido en negar y desconocer las legítimas aspiraciones de la Nación Mapuche planteadas por la COM, centrándose una vez más en su concepción de participación burocrática institucional y su legislación represiva y antidemocrática, que no hacen más que reproducir el esquema asistencial y colonialista, aplicado a lo largo de la historia para desmovilizar o reprimir a las comunidades y los principales referentes del movimiento mapuche. La historia reciente nos muestra que desde 1989, cuando se inicia la administración concertacionista, hasta el presente, se han mantenido los mismos anuncios y las mismas estrategias de la política indigenista.

A partir del Acuerdo de Nueva Imperial, firmado entre las organizaciones mapuche y la Concertación de Partidos por la Democracia, y que no fue respetado por la coalición oficialista; los diferentes gobiernos han utilizado e instrumentalizado las propuestas mapuche, manipulando a su antojo el desarrollo de estos procesos y tergiversando su contenido, hasta despojarlo completamente de sus elementos políticamente relevantes.

Prueba de ello es lo acontecido con el Convenio 169 de la OIT, instrumento que establece un standard internacional para los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual nunca ha sido aprobado, pero es constantemente enarbolado por el gobierno de turno, distrayendo las expectativas del pueblo mapuche y obstruyendo los procesos de empoderamiento autónomo de sus organizaciones. Situación similar ocurre con el Reconocimiento Constitucional, con el agravante que este, en última instancia, queda subordinado al sistema político chileno, representante de los grandes intereses económicos, en cuanto a la definición de su contenido e implementación.

Es así como los 4 gobiernos de la Concertación han implementado políticas indigenistas que no han significado mayor avance en el reconocimiento de nuestros derechos. La ley indígena 19.253, en el articulado de protección de tierras, se ve subordinada, por ejemplo, a las normas sobre proyectos energéticos, mineros o de infraestructura. La participación mapuche a través de CONADI, no existe, ya que ahí se mantiene un Consejo Indígena con funcionarios, pagados por el Estado y designados por los partidos políticos, validados en un proceso eleccionario absolutamente irregular.

El vacío, en cuanto a política indígena del gobierno de Eduardo Frei, sólo evidenció los intereses económicos defendidos por su administración, los cuales alcanzan su punto cúlmine con la grotesca imposición de la represa Ralko en las comunidades Pewenche del Alto Bio Bio, seguidas por la implementación de sistemas de represión y espionaje en Wallmapu. Durante el gobierno de Ricardo Lagos se anunciaron 16 medidas que pretendían erguirse como “la solución a los problemas que aquejan a los pueblos indígenas”. En la práctica nada de eso se ha cumplido y, por el contrario, su administración pasará a la historia como aquella que profundizó el modelo de despojo neoliberal en nuestras comunidades y continuó con la represión hacia nuestras organizaciones, producto de lo cual fue asesinado el joven mapuche Alex Lemun.

El discurso que la presidenta Michelle Bachelet hiciera el pasado 30 de abril del presente año, anunciando 5 Ejes de Política Indígena, no considera en absoluto los elementos centrales contenidos en la Propuesta Mapuche de Kepe. La Comisión de Seguimiento de anuncios presidenciales en materia indígena, propuesta también por el gobierno, constituye solamente un instrumento de validación de las políticas hoy existentes, las que tienden a fortalecer la burocracia indígena en vez de nuestra participación autónoma, incrementando a su vez el asistencialismo estatal a través de MIDEPLAN, ministerio que no aborda el carácter político de nuestras demandas.

El gobierno, por otro lado, sigue profundizando las políticas neoliberales en Territorio Mapuche. Prueba de lo ello son los gigantescos proyectos de inversión que operan o están destinados a intervenir en nuestro territorio. Junto con ello se continúa ejerciendo la represión sistemática hacia nuestras comunidades y organizaciones, tal como lo han señalado en reiteradas oportunidades diferentes organizamos internacionales de derechos humanos, tales como: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus observaciones y recomendaciones al 5º informe sobre derechos humanos en Chile; la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA); el Foro Permanente sobre cuestiones Indígenas de la ONU; Amnistía internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos en América Latina, entre otros. Todos estos organizamos, a su vez, reconocen la necesidad de que los derechos colectivos del Pueblo Mapuche sean reconocidos de acuerdo al estándar internacional.

Declaramos finalmente que como Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) hemos desempeñado un rol a partir del Futa Trawün de Kepe, dentro del movimiento mapuche, teniendo siempre una disposición favorable al diálogo político, pero considerando los intereses superiores de nuestro pueblo y nuestro movimiento por sobre las concesiones cortoplacistas planteadas por el gobierno. Por estos motivos, la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), de acuerdo al mandato soberano de la asamblea representativa de las organizaciones sociales, territoriales y políticas que la componen decide:

- Dar por finalizado el proceso de diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet de manera indefinida.

- No participar en las mesas de seguimiento diseñadas por el gobierno, por considerar que nada aportan al reconocimiento de nuestros derechos colectivos como Pueblo.

Ante estos hechos, reafirmamos los puntos centrales de nuestra propuesta y las condiciones mínimas para retomar los acercamientos con el Estado y no sólo con el gobierno de turno: Ratificación de medidas a corto plazo, Interlocutor Válido al más alto nivel, que constituya el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM; Mesa Político Técnica estatal; fin a la persecución y encarcelamiento de nuestros hermanos de comunidades en conflicto territorial.

Consideramos además que cualquier discusión en torno al Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional realizada a espaldas del movimiento político-social mapuche carece de legitimidad y por lo tanto rechazamos los procedimientos del gobierno en este sentido. Nuestro objetivo como organizaciones es avanzar hacia la construcción de un Parlamento Autónomo Mapuche, como una instancia de participación política validada por nuestras comunidades y territorios, que sirva de intermediación entre la Nación Mapuche y el Estado chileno en su conjunto.

No al Aeropuerto Regional en Quepe.
Fin a la expansión forestal, las salmoneras, los megaproyectos de inversión privada, las hidroeléctricas, las mineras, los basurales y la expansión urbana en nuestro territorio.
Fin a la privatización de nuestros recursos naturales.
Fin a la persecución política de nuestros hermanos.
Libertad a los presos políticos mapuche.
Justicia para Alex Lemun, Juan Collin Catril, Julio Huentecura y Zenen Díaz Necul.

¡MARRICHIWEU PU PEÑI, PU LAMNGEN¡

Coordinación de Organizaciones Mapuche - COM

- Galvarino Reiman, Identidad Territorial Nagche.
- Adolfo Millabur, Movimiento Identidad Lafkenche.
- Gustavo Quilaqueo, organización Wallmapuwen.
- Luís Penchuleo, Movimiento Estudiantil Mapuche.
- Francisco Vera, Comunidad Mapuche Pepiükelen, Pargua.
- Rosendo Huenuman, Asociación Newentuleaiñ de Nueva Imperial.

.

Volver Portada